Diego Oquendo, Gonzalo Rosero y otros radiodifusores recibirán en octubre la renovación de sus frecuencias por 15 años

Expertos denuncian que el concurso de concesión está direccionado para favorecer a los medios privados.

LOS PERIODISTAS

El pacto del presidente Lenin Moreno con los medios de comunicación privados concluirá en los últimos meses de su gobierno, con la entrega de frecuencias de radio y televisión, por un periodo de 15 años.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) lleva adelante un concurso público, que finalizará en octubre próximo, para adjudicar 3.096 frecuencias de radio FM, de las cuales 2.112 corresponden a medios privados y 984 a comunitarios.

En cuanto a las frecuencias de televisión y radio AM, está previsto que el proceso se inicie el próximo 15 de septiembre.

No obstante, el gobierno allanó con anterioridad el terreno para favorecer a los medios de comunicación privados, según expertos en este tema.

En las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, aprobadas por la Asamblea en diciembre de 2018, y que fueron exigidas por los propios medios, se estableció la asignación de 30 puntos por antigüedad, lo que beneficiará a los propietarios actuales.

Asimismo, se aumentó el porcentaje de frecuencias para medios privados, del 33% a 56%, del total de espectro radioeléctrico.

Entre las frecuencias que salieron a concurso, y que se encontraban prorrogadas, constan las de Radio Visión, de propiedad de Diego Oquendo (91.7 FM); Exa-Democracia, de Gonzalo Rosero (92.5 FM), Platinum-Radio Quito, del mexicano Ángel González (90.9 FM y dirigido por Miguel Rivadeneira); Sonorama, de Marcel Rivas (103.7 FM); y Centro, de Edgar Yánez (97.7 FM).

Jorge Cano, de la Coalición de Medios Comunitarios, denuncia que no existe transparencia en este concurso y que está direccionado para favorecer a los medios privados, que han sido aliados del presidente Moreno.

En este proceso también se ha evidenciado la injerencia del gobierno, a través del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, quien públicamente cuestionó la idoneidad de algunos integrantes de la veeduría ciudadana que vigila el concurso.

Debido a esa presión, renunciaron a la veeduría el coordinador, Héctor Velasco, y la subcoordinadora, María Gabriela Vargas.

Posteriormente, Roberto Wohlgemuth fue calificado como nuevo veedor por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ante lo cual Michelena reaccionó nuevamente. En su cuenta de Twitter expresó: “Vamos de mal en peor”, tras anunciar que ARCOTEL impugnó esa designación.

Fernando Casado, catedrático universitario y experto en Derechos Humanos y Comunicación, cuestionó la injerencia del gobierno. “¿Qué hace el ministro de Telecomunicaciones haciendo el papel de juez, decidiendo quién va y quién no va?”, expresó.

A su criterio, esto contradice los anuncios que se hicieron desde el gobierno, respecto a que el concurso será transparente e independiente. Cree que, al final, se terminará favoreciendo a los propietarios de los medios privados.

El pasado jueves, Cesar Ricaurte y Paola Aguilar, de Fundamedios, renunciaron a la veeduría. Sin embargo, quedan integrantes afines al Ejecutivo y a los medios privados, como Bernardo Cañizares Esguerra, director Ejecutivo del Instituto gubernamental de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades; y Emilio Uzcátegui Jiménez, asesor de la Asamblea Nacional.

La adjudicación de frecuencias también estaría siendo utilizada por el gobierno para chantajear a otros medios.

Un gobierno débil, con menos del 20% de credibilidad y acorralado por denuncias de corrupción, sabe que la prensa puede ser su salvavidas para terminar su gestión, con una imagen maquillada.

Fuentes vinculadas a grupos de comunicación relevan que han recibido “directrices”, desde la Secretaría Nacional de Comunicación para difundir, con un enfoque positivo, la gestión gubernamental.

Tal es el caso del empresario mexicano Ángel González, propietario de al menos diez medios, entre los que constan los canales RTS y Televicentro, los diarios El Comercio y Últimas Noticias, y las emisoras Planitum, Quito, Galaxia, Fabu, Tropicálida, Metro y Joya Stereo.

En la misma situación estaría el grupo de emisoras Canela, vinculado al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y a su familia. Fuentes de la alcaldía señalan que el gobierno mantiene doblegado a la autoridad municipal, con las frecuencias.

A eso respondería el cambio de actitud de Yunda, que hace pocas semanas mostró liderazgo en el manejo de la crisis sanitaria y frontalidad ante acciones del Ejecutivo con las que no estaba de acuerdo. En la actualidad no muestra ese mismo protagonismo.

El chantaje también se refleja en la censura de espacios a opositores del régimen, como el caso del expresidente Rafael Correa, a quien varias emisoras han cancelado, a último momento, entrevistas que habían sido planificadas.

Dentro de este contexto se han dado otros hechos, como el reciente despido del periodista Andrés López, de Radio Visión, por expresar cuestionamientos al régimen por las últimas denuncias de corrupción.

Mauricio Cáceres, experto de Derecho y Comunicación, coincide en que no existe transparencia e imparcialidad en el concurso. Considera que los medios se ven obligados a evitar cualquier tipo de roce con el gobierno, para que no se les niegue la frecuencia.

Esto afecta a la ciudadanía, que se ve privada de acceder a información imparcial por parte de los medios de comunicación, que están alineados con el régimen, señala Cáceres.

Lenín Moreno será recordado como el presidente que devolvió privilegios a los grandes medios de comunicación que, a su vez, son aliados del poder económico y empresarial.

No solo se despedirá de su gobierno con la entrega de frecuencias. Anteriormente  promovió la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación y las sanciones que establecía la Ley Orgánica de Comunicación, que fueron demandas de los grupos mediáticos.