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Corte Constitucional señala “falta de actuación oportuna del Estado” para atender la convivencia pacífica en las cárceles

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El Gobierno de Ecuador decretó dos estados de excepción, entre mayo del 2019 y octubre del 2020, ambos con dos renovaciones, para solucionar la crisis carcelaria, pero no hizo.

Punto Noticias.- La Corte Constitucional (CC) denunció, este martes 24 de febrero, la falta de actuación por parte del Estado para solucionar problemas en las cárceles del país, luego de la encarnizada masacre que dejó 79 internos asesinados, en tres Centros de Privación de Libertad de Guayas, Cotopaxi y Azuay.

 

Mediante un comunicado difundido este miércoles 24 de febrero del 2021, la CC reaccionó frente a las declaraciones de Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la libertad (SNAI), quien dijo que el Gobierno habría presentado un plan de acción a la Corte Constitucional.

“La CC estima necesario aclarar que en el dictamen de constitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción Nro. 6-20-EE/20, se dispuso al Gobierno Nacional elabore y ejecute un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario”.

La Corte hizo una precisión del diseño, aprobación y ejecución de ese plan que es de exclusiva responsabilidad de los órganos competentes de la política pública del sistema de rehabilitación social. “Su remisión tiene como único objeto que esta Corte verifique el cumplimiento de su dictamen”, advierte el documento.

El Gobierno de Ecuador decretó dos estados de excepción, entre mayo del 2019 y octubre del 2020, ambos con dos renovaciones, en total cuatro periodos, por conmoción interna en todas las cárceles, a causa de la violencia.

La Corte emitió cuatro dictámenes de constitucionalidad, pero el comunicado insiste en que si esta situación no fue superada por régimen ordinario y requirió de cuatro estados de excepción “esto responde a la falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales que históricamente han afectado los derechos de las personas privadas de libertad, así como la seguridad y convivencia pacífica de los centros de privación de libertad en el país”.

Incluso, los magistrados comunicaron su preocupación por la falta de seguridad y control en las cárceles y se solidarizaron con los familiares de las víctimas. “Este organismo hace énfasis en la posición especial del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad quienes se encuentran bajo su custodia y responsabilidad”.

La Corte demandó a las autoridades la adopción de medidas pertinentes con la finalidad de lograr el control de seguridad en las cárceles “en garantía plena del ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad, así como la investigación, determinación de responsabilidades por acción u omisión y eventual sanción a los responsables de los hechos ocurridos”.

Fuente: El Comercio

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