Conmemoramos el 08 de 0ctubre un año de recurrente violación de Derechos Humanos

Por Luis Ernesto Guerra

Ecuador entre la pandemia de la Covid-19 y la recurrente violación de DDHH.

Una vez más el régimen de Lenin Moreno, devela que  sigue una agenda externa para transgredir y reprimir el legítimo derecho constitucional de la ciudadanía, a resistir, movilizarse, y expresar en las calles, su inconformidad, frente a la precarización, de políticas públicas, de transgresión de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, de libertad, que consumó la clausura y allanamiento de Pichincha Universal, Empresa Pública, de Comunicaciones, el 08  de octubre, por ser una radio plural, y tener un relato diferente al discurso del gobierno.

El pueblo se movilizó y rechazó las medidas económicas neoliberales, que han concentrado la riqueza en pocos grupos, a espaldas del pueblo, que tiene que pagar la inmensa deuda externa, así como la afectación y restricción de derechos, por la reducción del presupuesto en materia de: salud, educación, concomitante precarización del trabajo, condenando a la gente al desempleo, pobreza extrema.

Nuevamente se evidencia el excesivo uso de la fuerza, por la policía nacional, hecho que ya fue observado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en los nefastos acontecimientos de octubre del 2019, cuyo desenlace, fue la pérdida de vidas humanas, de glóbulos oculares, así como encarcelamiento arbitrario y acciones judiciales, persecutorias, a personas, que tienen expresiones diferentes, otras voces, otras miradas diferentes al discurso oficial.

No es extraña esta trasgresión de derechos y libertades, que ya han sido aplicadas en otros gobiernos latinoamericanos de tinte neoliberal; significando una persecución política selectiva, como son los casos específicos de la prefecta del Gobierno de la Provincia de Pichincha GADP. Paola Pabón Caranqui, (electa por la organización política Fuerza Compromiso Social, hoy proscrita por el Consejo Nacional electoral CNE, que realiza interferencia a los derechos políticos), que coincidentemente, es presidenta del directorio de Pichincha Comunicaciones EP, del dirigente político Virgilio Hernández, y el activista político, Christian González.

A ello se suma el acelerado proceso judicial contra el expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, conocido como caso sobornos, que proscribió sus derechos de participación política, para participar como candidato a vicepresidente en el proceso electoral de febrero del 21.

Las violaciones, expresan vulneración al debido proceso, algunos medios de comunicación se han convertido en jueces, para juzgar y sentenciar haciendo interferencia, en las funciones exclusivas del poder judicial.

Ecuador, está amenazado, no solo por la crisis económica prepandemia, durante la pandemia, que se ha agudizado, debido el deficiente manejo de la Covid-19, sino que también corre peligro su democracia, la que se encuentra en terapia intensiva.

Este 08 de octubre lo conmemoramos, por sus profundas improntas, huellas de recurrentes violaciones de los Derechos Humanos, que jamás quedarán en la impunidad, porque la mirada solidaria de nuestros pueblos tiene memoria e historia, tiene lucha, para construir un Ecuador nuevo, una sociedad nueva, plural, democrática, incluyente, intercultural. Abundante en justicia, paz y derechos.

Denunciamos a la Comunidad Nacional e Internacional, que toda persona, que no responde al relato y discurso oficial, corre el riesgo de ser encausada penalmente, privada de su libertad, para formularle cargos y restringirle disfrutar plenamente de sus derechos, conocido como lawfare, de nefasta recordación en otros regímenes obedientes a las políticas económicas neoliberales del FMI.

Ante este macabro escenario, podemos expresar que, en el Ecuador, no existe el Estado de derechos.

Que esta pandemia, ha profundizado, la inequidad e injusticia.

Que predomina una justicia selectiva y es recurrente la vulneración de derechos.

Por todo ello:

Denunciamos y alertamos ante el Sistema de Naciones Unidas, estos nefastos acontecimientos, a La CIDH, Alta Comisionada de ONUDDHH. Amnistía Internacional, a las organizaciones sociales nacionales e internacionales, que responsabilizamos al régimen de Moreno, por el desenlace que corra la democracia y la violación al pleno ejercicio de derechos humanos del pueblo ecuatoriano, por configurar transgresión a la Constitución, marco legal vigente en la República del Ecuador, e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.