Colectivo realizó una ‘radiografía’ de los hechos ocurridos en la Contraloría

Foto: Captura del Informe de Acción Jurídica Popular

De las 33 personas privadas de su libertad, 6 eran adolescentes.

Punto Noticias.- El colectivo Acción Jurídica Popular presentó un informe sobre las presuntas violaciones a las garantías procesales y a la criminalización de la protesta social durante los hechos registrados en octubre.

La agrupación consideró que hubo violaciones a las garantías procesales y un abuso del sistema penal para criminalizar la protesta social con el empleo de la prisión preventiva.

El documento recoge que el Gobierno habría utilizado el Derecho Penal como un instrumento de represión y puso como ejemplo lo sucedido el 12 de octubre de 2019, cuando a las 11:55 aproximadamente fueron retenidas 33 personas dentro del edificio de la Contraloría General del Estado, de las cuales 6 eran adolescentes.

Posterior a ese incidente, estas personas habrían sido trasladadas al edificio de la Asamblea Nacional, en el que permanecieron incomunicadas hasta las 20:00. Es así que el Colectivo señaló que a más de vulnerar el artículo 203 de la Constitución, referente a que solo los centros de rehabilitación social y de detención provisional están autorizados para mantener a las personas privadas de su libertad, se incumplió con lo indicado por la CIDH en torno a que las garantías judiciales del debido proceso no son susceptibles de suspensión, aún en situaciones de estado de excepción.

Según Acción Jurídica Popular, el 13 de octubre se llevó a cabo la audiencia de flagrancia contra los 27 detenidos adultos, dentro de la cual fueron procesados por terrorismo por una supuesta participación en el incendio del edificio de la Contraloría. No obstante, en este punto, en el informe se hace una precisión con la hora de la detención que fue a las 11:55, pues luego de ser trasladados a la Asamblea vieron salir humo del ente de control, lo cual habría sido corroborado por personal de la Policía que llamó a los Bomberos para que controlen el incendio.

Para el Colectivo, los ciudadanos retenidos pasaron más de cinco horas en la Asamblea, por lo que su participación en el incendio no coincidiría y más bien se violarían sus derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica.

“El Ecuador debe abstenerse de usar el sistema penal para perseguir a las personas que reclaman legítimamente el respeto y la protección de los derechos humanos”, puntualizó el informe que añadió que pese a que la mayoría de personas privadas de su libertad fueron de pueblos y comunidades indígenas no se observó el Convenio 169 de la OIT, que exige un tratamiento diferenciado para afrontar los procesos judiciales.

INFORME ACCIÓN JURÍDICA POPULAR

Fuente: Acción Jurídica Popular