CIDH reconoce que están en peligro los derechos políticos de quienes votaron por Paola Pabón: Ramiro Aguilar

Foto: Pichincha Universal/AC

De su parte, el jurista Fausto Jarrín, señaló que con el documento emitido por el organismo internacional solicitarán a los jueces la revisión, revocatoria o sustitución de la prisión preventiva.

Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, destacó que el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoce que está en peligro el derecho de los electores que votaron en favor de la titular del Gobierno Provincial, por lo que le recuerda al Estado ecuatoriano que de conformidad con artículo 23.2 de la Convención Americana y los estándares en materia, respete integralmente los derechos políticos de las personas elegidas por votación popular.

 “Son importantes en la medida que se insta a precautelar la vida, la integridad personal y los derechos políticos de Paola y no hay forma de precautelar ello manteniéndola en prisión”.

Pronunciamiento de la CIDH sobre los derechos políticos de la Prefecta Paola Pabón

Con esa base señaló que lo óptimo es la revocatoria de la prisión preventiva o una alternativa como el grillete electrónico para que pueda defenderse en libertad.

De su lado, Fausto Jarrín, abogado de Christian González, recordó que el pronunciamiento del organismo internacional se da luego de que tanto familiares como los abogados de los detenidos hicieron un petitorio relacionado con un proceso de persecución política y de utilización arbitraria de la medida de prisión preventiva por parte del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado.

“Además aprovechándose del proceso de evaluación que existe sobre la cabeza de todos los jueces que impide que se maneje dentro de un marco de imparcialidad”

En razón de ello es que la CIDH luego de evidenciar presencialmente el acoso y hostigamiento que sufren los detenidos por parte de los entes públicos recomienda varios temas y emiten medidas cautelares que aunque no son de obligatorio cumplimiento, permite a la defensa presentar diferentes recursos, informó el jurista a la par de indicar que con el documento solicitará a los jueces la revisión, revocatoria o sustitución de la prisión preventiva.

Aguilar, en cambio, indicó en rueda de prensa que el Estado está en la obligación de cumplir lo señalado por la CIDH porque es parte del Sistema Interamericano y porque en ello se va el prestigio del Ecuador.

“Ni siquiera me planteó la posibilidad de que el Estado no acoja las medidas cautelares porque eso implicaría volvernos un Estado paria en América Latina y cuestionaría seriamente el carácter democrático del presidente Lenín Moreno”.

Recordó que la Comisión da un periodo de 15 días para que el Estado ecuatoriano se pronuncie luego de reunirse con los abogados representantes de los detenidos para determinar medidas específicas.

“Esperamos que el día lunes a primera hora podamos ser recibidos por el Estado ecuatoriano en su conjunto, Fiscalía, Cancillería, el Consejo de la Judicatura, que permita la liberación de los presos políticos y la protección de la función de la Prefecta”.