Canciller de Venezuela rechaza injerencia de Colombia y OEA

Caracas, 29 sep (Prensa Latina) El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó hoy la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar la situación del país sudamericano, solicitada por Colombia.

La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, justificó la solicitud elevada al presidente del Consejo Permanente de la OEA, basada en el informe de la denominada misión de determinación de hechos en la nación bolivariana, sobre supuestas violaciones de derechos humanos.

A través de la red social Twitter, el jefe de la diplomacia venezolana recordó que su país abandonó el organismo regional en abril de 2019, además de denunciar los graves problemas de violencia existentes en Colombia.

‘Señora canciller: le informo que Venezuela no es miembro de la #OEA. También le informo que su gobierno destruyó los acuerdos de paz, que en su país van ya 64 masacres en 2020, proliferan la narcopolítica, grupos criminales y (se) violan brutalmente los derechos humanos de manifestantes’, indicó Arreaza en la plataforma comunicacional.

El gobierno venezolano rechazó el dictamen presentado por la comisión independiente designada por el denominado Grupo de Lima, cuyos integrantes desconocen la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con voceros del Ejecutivo bolivariano, el informe sobre supuestas violaciones de derechos humanos forma parte de una operación de propaganda para arreciar las agresiones contra Venezuela y justificar la aplicación de nuevas medidas coercitivas.

En recientes declaraciones, el mandatario Nicolás Maduro cuestionó el carácter independiente de la comisión designada por el grupo de países de una marcada hostilidad hacia Caracas.

‘Es un documento totalmente parcializado, sin derecho a la defensa, (…) lleno de mentiras y manipulaciones, absolutamente politizado’, aseveró el jefe de Estado.

En un ejercicio de soberanía, Venezuela solicitó su salida de la OEA en abril de 2017, la cual se hizo efectiva dos años después, ante las constantes acciones de injerencia emanadas de ese órgano, aliado a la política hostil de Estados Unidos contra el país sudamericano.

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