Abogado de militares de tropa exige que autoridades del Ejército cumplan sentencia constitucional

Óscar Guayasamín, abogado de soldados con discapacidad

Sus defendidos fueron impedidos de participar en cursos de ascenso, aduciendo que no son aptos por tener discapacidad, denuncia.

Punto Noticias. A mediados del año anterior, en plena pandemia, el entonces comandante general del Ejército, Luis Altamirano, dispuso que a 15 militares con discapacidad no se les permita participar del curso para ascenso y promoción, argumentando que no son aptos, contó Óscar Guayasamín, abogado de los soldados.

El jurista considera que la disposición del jefe militar, amparada en una resolución del Consejo de Tropa, vulneró los derechos constitucionales de sus representados, debido a que el mismo Ejército y el Ministerio de Salud reconocen la condición de discapacidad de estas personas.

Comentó que hasta antes de este incidente el Ejército se manejó de manera tranquila, en este tema, pero en el último año se realiza una persecución contra los militares con discapacidad, queriendo eliminarles de esta fuerza, con argumentos irrisorios, como que tienen su retiro del Issfa.

El no permitirles acceder a este tipo de cursos significa, al final, botarles de las Fuerzas Armadas, porque, si no aprueban los cursos de promoción, no pueden ascender de grado; por lo tanto, se les da la baja de la institución.

Guayasamín señala que esta vulneración de derechos no se ha dado solo en contra de estos 15 soldados, sino que han visitado su despacho unas dos decenas de personas afectadas por su condición de discapacidad.

Destacó que, a través de las acciones jurisdiccionales de protección de derechos interpuestas, de este listado de 15, les han dado la razón a nueve militares, en sendas sentencias del Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe, que estableció que se violaron los derechos a la igualdad y a la seguridad jurídica, y de una unidad civil que dispuso a las autoridades de las Fuerzas Armadas realizar un curso especial para que los soldados accedan a su ascenso.

Según Guayasamín no se acató tal resolución, en el plazo que se venció en noviembre pasado, por lo que presentó ante el juez el pedido para que inicie el proceso de destitución del comandante general del Ejército, que es la autoridad pública que debía cumplir la sentencia constitucional.

A criterio del abogado, es una discriminación la persecución en contra de estos militares, porque son de tropa, no son oficiales. Dice que tiene los documentos en los que se verifica que muchos altos oficiales tienen discapacidades, inclusive de hasta el 100 %, y están en cursos de ascenso para generales.

Recordó que la Corte Constitucional aprobó una sentencia que conmina a las Fuerzas Armadas a que, en todas sus ramas, sus autoridades se abstengan de emitir normas, políticas, actos o institucionalizar prácticas que atenten contra la igualdad y no discriminación.